Tras meses de reclamos por el financiamiento, el Gobierno amplía el presupuesto de las universidades 

El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación del Presupuesto 2026, con una ampliación neta del gasto público de $4,45 billones. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 594/2026 y constituye la segunda gran readecuación presupuestaria desde la aprobación de las cuentas públicas para este año.

El decreto introduce una amplia redistribución de partidas dentro de la Administración Central y de los organismos descentralizados. La planilla del artículo 1°, que se extiende a lo largo de 186 páginas, modifica 111 programas presupuestarios: 91 reciben incrementos en sus asignaciones y otros 16 sufren recortes.

El mayor refuerzo presupuestario se concentra en el programa Desarrollo de la Educación Superior, que recibe $1,33 billones adicionales. De ese total, el 98% será transferido a las universidades nacionales, mientras que el resto se destinará al sistema de becas. El incremento será financiado íntegramente con recursos del Tesoro Nacional.

Según lo dispuesto por el decreto, los recursos asignados a las universidades estarán destinados a financiar los gastos de funcionamiento del sistema y, principalmente, a afrontar la pauta salarial de docentes y no docentes de todo el país. A su vez, el Ministerio de Capital Humano recibió un refuerzo de $26.664 millones para garantizar el pago del sistema nacional de becas, una de las partidas que también forma parte de la política de educación superior.

La decisión marca un cambio respecto de la primera readecuación presupuestaria de mayo. En aquella oportunidad, el Gobierno había aplicado un recorte de $78.000 millones sobre las partidas educativas y reducido en $5.300 millones los recursos para infraestructura universitaria.

Más allá de las partidas destinadas al sistema universitario, el decreto también redistribuye recursos hacia otras áreas del Estado. Entre ellas figuran refuerzos para políticas alimentarias, el sistema previsional, el sector energético, la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso, mientras que los principales recortes recaen sobre empresas públicas como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina.

El refuerzo para las universidades nacionales llega después de meses de protestas de la comunidad universitaria, que llevó el reclamo por el financiamiento a las calles mediante marchas federales, paros y distintas acciones impulsadas por rectores, docentes, no docentes y estudiantes. La decisión se conoce luego de ese proceso de movilización, que mantuvo el debate sobre el financiamiento universitario en el centro de la agenda pública durante los últimos meses.