Tras la masiva marcha universitaria, la UBA pidió a la Corte que acelere la definición por el financiamiento 

La universidad reclamó una resolución urgente en medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. 

La masividad de la cuarta marcha federal universitaria de este martes -en la que se estima que participaron alrededor de un millón y medio de personas en todo el país- profundizó la presión sobre el Gobierno nacional en el conflicto por el financiamiento universitario.

La disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario llegó a la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendiera la cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir los fondos previstos por la norma.

En este marco, la UBA presentó un pedido institucional para que se acelere la definición judicial, para evitar un mayor agravamiento de la situación crítica en la que ya se hallan las universidades nacionales. En ese documento, las autoridades universitarias solicitaron también que la Corte exija al Gobierno la “implementación inmediata” de la ley, que fue aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Asimismo, sostuvieron que el Poder Ejecutivo no cuenta con “un fallo definitivo a su favor” que le permita continuar sin aplicar la norma.

El pedido presentado al máximo tribunal se conoció un día después de la movilización y en él, la UBA subrayó “la masiva participación registrada a lo largo y ancho del país” y declaró que la protesta volvió a evidenciar “el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública”.

Aunque la Corte no tiene plazos establecidos para tomar una decisión, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, declaró que “algunos juristas nucleados dentro de los espacios universitarios plantean que, por toda la información que tienen desde la Corte, prontamente eso se va a resolver o será tratado”. Sin embargo, advirtió que todavía no hay certezas sobre cuál será la decisión final de la Corte Suprema, pese a que las universidades ya obtuvieron dos fallos favorables en instancias anteriores.

En ese contexto, la resolución que adopte la Corte Suprema será sin dudas un punto clave para el financiamiento de las universidades nacionales y el futuro de la educación pública en nuestro país.